Toluca, Méx.- La 60 Legislatura del Estado de México aprobó por unanimidad el Paquete Fiscal para el ejercicio 2020, que estima ingresos por más de 302 mil millones de pesos (4.1 por ciento más que en 2019), además, enfoca los esfuerzos de recaudación en el mejoramiento de la administración tributaria a fin de fortalecer finanzas estatales.
El Paquete Fiscal 2020 incluye ajustes presupuestales por 420 millones de pesos para beneficiar a los sectores salud, educación y campo, principalmente.
De la solicitud de siete mil 500 millones de pesos de financiamiento planteada por el gobierno estatal, se autorizaron solamente seis mil millones de pesos, por considerar que el resto no estaban justificados.
Los ajustes por 420 millones de pesos servirán para incrementar recursos a las áreas de Justicia y Derechos Humanos, Salud, Fiscalía, Educación, campo, Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y para lograrlos se redujeron 15 millones de pesos a Comunicación Social, 100 millones de pesos al programa de Identidad Mexiquense y 305 millones de pesos a la Secretaría de finanzas.
Las áreas que tuvieron mayor incremento fueron Justicia y Derechos Humanos que pasó de mil 712 millones a mil 817 millones de pesos y el aumento se destinará a procuración de justicia con perspectiva de género, atención a víctimas procuración de justicia con perspectiva de género.
La Ley de Ingresos del Estado de México considera los criterios generales de política económica para el próximo año establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno de la República, los cuales estiman en 49 dólares el precio del barril de petróleo, un crecimiento del dos por ciento, el tipo de cambio en 20 pesos por dólar, y la inflación en tres por ciento.
Agrega que la estimación de los ingresos se basa también en las cuentas púbicas de los últimos cinco ejercicios fiscales, el cierre de este año y las estimaciones de ingresos a cinco años. Precisa además que es congruente con el eje transversal Finanzas Sanas del Plan de Desarrollo del Estado de México vigente.
La fuente de estos recursos serán los impuestos (ISR, tenencia, bebidas alcohólicas, etcétera); cuotas y aportaciones de seguridad social (de las instituciones y los servidores públicos); contribuciones de mejoras; derechos (que pagan los mexiquenses al estado por determinados servicios que ofrece); productos; aprovechamientos (ingresos de organismos descentralizados y empresas de participación estatal, entre otros), e ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros.
Adicionalmente, contarán las participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones; transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones e ingresos derivados de financiamientos destinados a inversión pública productiva.
Ley de Ingresos Municipal busca consolidar un sistema de recaudación confiable y eficaz que mantenga sanas las finanzas de los municipios, proporcione certidumbre en ingresos, otorgue equidad y proporcionalidad al contribuyente local y destine los ingresos a la atención de las necesidades más apremiantes.
Busca también fortalecer la recaudación, concientizar al ciudadano sobre el pago de impuestos y servicios con acciones para la eficiencia tributaria, la racionalidad del gasto, rendición de cuentas, transparencia y fiscalización. No propone nuevos impuestos, pero pretende ampliar la base de contribuyentes y establecer tarifas por servicios que la población pueda pagar.
Las reformas al Código Financiero; Administrativo; Ley Orgánica de la Administración Pública; para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares; y la Ley de Fiscalización Superior, todos del Estado de México, buscan establecer lineamientos actualizados y eficaces para la recaudación y aplicación de los recursos públicos, de tal manera que se garanticen finanzas sanas y se preserve la estabilidad financiera de la entidad.
Incluye modificaciones legales que regulan la actividad financiera orientadas a otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y a promover la regularización de quienes están en el rezago.
También se aprobó eliminar las modificaciones al Código Financiero propuestas por el gobierno estatal, que consideraban incluir la tipificación del delito de desobediencia frente al incumplimiento de las obligaciones fiscales.
